El fútbol más caro de Europa. NEGOCIO REDONDO

 El auto de un juzgado mercantil que permite a La Liga actuar contra las personas que difunden la señal de los partidos de manera ilegal reabre el debate sobre el crecimiento de la piratería

Ricardo Uribarri 19/03/2024

La batalla que lleva a cabo La Liga contra aquellos que fomentan y recurren a la piratería para ver los partidos de fútbol ha vivido un nuevo capítulo. El juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona ha acordado que los operadores de acceso a internet en España entreguen a la patronal las direcciones IP y los datos personales de los usuarios que comparten estos contenidos de manera ilícita, con el fin de preparar una futura demanda contra ellos. El revuelo creado entre los aficionados ha sido enorme, generando muchas dudas e incertidumbre sobre el alcance de la decisión de cara al futuro.

El presidente del organismo que agrupa a los clubes de fútbol señalaba hace unos meses que habían detectado al inicio de la presente temporada más de cinco millones de descargas ilegales en móviles en todo el mundo, de las que 1.100.000 eran en nuestro país, para ver gratis los partidos del campeonato español. Además, tenía localizadas 46.000 IP’s a nivel internacional desde las que se retransmiten de forma ilegal diferentes eventos deportivos. En la pasada campaña, la 22-23, La Liga identificó 8.747 establecimientos que estaban emitiendo partidos de forma pirata, lo que, según sus cálculos, suponían unas pérdidas de 27,7 millones anuales.

Buscando tener herramientas para combatir este problema, La Liga inició el pasado mes de enero un procedimiento ante la justicia para poder reclamar a los operadores tecnológicos que faciliten los datos de las personas que tienen contratadas las líneas de internet que están asociadas a las direcciones IP’s que ofrecen estos contenidos de forma fraudulenta y que el organismo tiene localizadas, con fecha y hora de conexión. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 256, permite solicitarlos para su identificación a través de lo que se conoce como un auto de diligencias preliminares, en caso de que haya indicios de que se esté vulnerando la propiedad intelectual. 

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